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Tijuana, B.C. 19-Oct.-26.- El avance de un severo deslizamiento de tierra en la colonia 3 de Octubre ha dejado a numerosas familias en una situación de incertidumbre, al ver cómo sus viviendas, construidas durante décadas de esfuerzo, quedan expuestas al colapso. Entre calles fracturadas, inmuebles con engomados de riesgo y pertenencias atrapadas en zonas peligrosas, los habitantes enfrentan una pregunta urgente: ¿dónde vivirán ahora y qué alternativas les ofrecerán las autoridades para recuperar la estabilidad perdida?
Aunque el terreno continúa cediendo y el peligro aumenta, algunas personas se resisten a abandonar sus casas porque no tienen otro lugar a dónde ir ni recursos suficientes para pagar una renta, cuyos costos representan una barrera para las familias afectadas. La situación refleja el drama de quienes, además de perder su patrimonio, deben decidir entre permanecer en una zona vulnerable o marcharse sin tener garantizado un sitio donde establecerse.
En otro punto de la ciudad, un operativo encabezado por personal de Protección Civil permitió desalojar por completo un asentamiento irregular ubicado en el cauce del Río Tijuana, cerca de la Vía Rápida Poniente, donde aproximadamente 64 personas fueron evacuadas ante el riesgo de deslave e inundación durante la próxima temporada de lluvias.
Juan José Pon Méndez, secretario general de Gobierno de Baja California, explicó que la intervención se realizó debido al peligro que representa la inestabilidad del terreno, situación que podría agravarse ante los pronósticos meteorológicos relacionados con el fenómeno conocido como Super Niño.
Las autoridades dialogaron con las familias para solicitar su retiro voluntario y evitar que permanecieran en el área de riesgo. Algunas aceptaron el apoyo para trasladarse a un albergue, mientras que otras señalaron que buscarían refugio con familiares o que contaban con otro terreno para instalarse. También se proporcionó asistencia médica a personas que manifestaron sentirse mal y se facilitó el retiro de pertenencias y vehículos.
De acuerdo con la información oficial, el desalojo abarcó el 100 por ciento de la superficie intervenida. La Guardia Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) quedaron a cargo del resguardo del terreno, con la finalidad de ponerlo a disposición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El secretario general de Gobierno informó, además, que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra tres personas señaladas por la presunta venta irregular del terreno, quienes fueron detenidas por el delito de despojo.
El operativo se prolongó durante aproximadamente 10 horas y concluyó cerca de las 22:30 horas, en una jornada complicada por un incendio que, según los reportes, habría sido provocado por un cortocircuito en un cable de alta tensión y que consumió seis viviendas. El incidente también derivó en el cierre de la Vía Rápida Poniente y afectaciones a la circulación vehicular.
Mientras las autoridades mantienen las medidas de seguridad para impedir que las personas regresen a la zona desalojada, el desafío para las familias afectadas va más allá de abandonar un terreno peligroso: necesitan alternativas de vivienda accesibles y apoyo para reconstruir sus vidas. La emergencia deja sobre la mesa la necesidad de atender a quienes, ante la falta de recursos y opciones habitacionales, permanecen expuestos al riesgo incluso cuando saben que sus hogares podrían derrumbarse.
